Detienen a regidora y funcionario por presuntamente secuestrar a Anabel López, alcaldesa de Amanalco

El tranquilo municipio de Amanalco, Estado de México, se ha visto sacudido por un escándalo político-criminal que parece sacado de una serie de Netflix. La tercera regidora, Eulalia «N», y el servidor público Rey Francisco «N» fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro exprés de la alcaldesa Anabel López. Este suceso forma parte de una trama más amplia que involucra a La Familia Michoacana y pone de manifiesto la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local.

Amanalco ya había sido noticia cuando la anterior presidenta municipal, María Elena «N», fue detenida por homicidio calificado. Anabel López asumió el cargo en medio de este turbulento contexto, solo para convertirse en la siguiente víctima de la violencia que asola la región.

Las detenciones se realizaron como parte del «Operativo Enjambre», una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la SEDENA, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. Este operativo busca desmantelar las redes criminales que operan en la zona, revelando la profundidad de la infiltración del crimen organizado en el gobierno local.

Según las investigaciones, Anabel López comenzó a recibir amenazas para que renunciara al cargo apenas fue nombrada por el Cabildo. A pesar de contar con medidas de protección, fue secuestrada el 5 de diciembre y liberada horas después bajo la condición de renunciar.

Pablo «N», alias «El Pelón» o «Mini», identificado como «subjefe de plaza» de La Familia Michoacana, reveló que el secuestro fue ordenado por Rey y Eulalia, afirmando que estos «jalan con nosotros». Esta declaración expone los vínculos directos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Con al menos 10 personas señaladas como responsables del secuestro, incluyendo a Pablo «N», investigado por delitos de alto impacto, el caso promete seguir develando la compleja red de corrupción y crimen que opera en la región.

Este caso no solo representa un desafío para las autoridades en su lucha contra el crimen organizado, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones locales y la seguridad de los funcionarios públicos que se atreven a desafiar el statu quo criminal.