Gobierno de CDMX reforma Constitución para proteger la propiedad pública, privada y social: Martí Batres

CDMX a 3 de septiembre, 2024.- El gobierno de la Ciudad de México, bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, ha anunciado una reforma al artículo tercero de la Constitución local para proteger la propiedad pública, privada y social, alineándose con los valores de la Cuarta Transformación (4T). Esta reforma, publicada en la Gaceta Oficial, busca homologar el principio de propiedad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también protege estas formas de propiedad.

Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que la modificación del artículo tercero de la Constitución local era necesaria debido a que la redacción anterior solo reconocía la propiedad privada como principio rector. Esta falta de claridad, según Batres, podría haber permitido interpretaciones judiciales en contra del interés público, un riesgo que fue señalado por Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Batres destacó que esta reforma no solo protege la propiedad en sus diversas formas, sino que también establece un marco para un desarrollo justo y armónico en la ciudad, con un énfasis en lo social. «Con esta reforma, queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», subrayó Batres.

La reforma se enmarca dentro de los valores promovidos por la Cuarta Transformación, un movimiento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca cambios significativos en la política y la sociedad mexicana. Esta modificación asegura que la Ciudad de México adopte principios que reconocen la supremacía de lo público sobre cualquier interés privado, alineándose con los objetivos de la 4T para promover la justicia social y combatir la corrupción.

Pablo Gómez Álvarez, durante su intervención, resaltó que esta reforma actualiza el legado de la Revolución de 1910-1917, que estableció la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas como un principio no solo de soberanía, sino también como un instrumento para reformar la sociedad. Gómez también mencionó que esta medida es una respuesta a las políticas neoliberales que, en su opinión, han favorecido la privatización y la corrupción dentro del sistema judicial.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, destacó que esta reforma será crucial para la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial, que guiará el desarrollo integral de la ciudad en los próximos años. La armonización de la Constitución local con los principios de la Carta Magna general ofrece una mayor certeza jurídica a la ciudadanía y establece una base sólida para el uso y aprovechamiento del suelo en la ciudad.

Este cambio ha sido bien recibido por diversos sectores, quienes ven en él un paso hacia la consolidación de un marco legal que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

El anuncio de la reforma ha generado diversas reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Los defensores argumentan que esta medida es un avance significativo hacia la justicia social y la protección del patrimonio colectivo. Sin embargo, algunos críticos han expresado su preocupación por posibles interpretaciones que podrían favorecer a grupos políticos en lugar de realmente proteger los intereses de la ciudadanía.

El gobierno capitalino espera que esta reforma sirva como un precedente para otras entidades federativas y fortalezca la autonomía y la justicia en la administración pública.